Justicia

Introducción

Este ensayo pretende dar una rápida visión histórica de la evolución de la justicia en Honduras, sus influencias en los procesos políticos mundiales; así como ampliar la conceptualización de la justicia más allá del marco de las resoluciones y sentencias judiciales. Así como explicar que las carencias del sistema judicial para la impartición de justicia radican en la fundamentalizacion del pensamiento y las teorías de la autonomía de la norma de Hans Kelsen y por ultimo plantea la urgencia de una refundación de país en vista de las terribles consecuencias de un sistema jurídico y político caduco.

El Estado de la Justicia en Honduras

La palabra justicia proviene del latin iusticia; la real academia de la lengua española la define como: Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada  uno lo que le corresponde o pertenece. Una segunda definición de este diccionario es: Derecho, razón, equidad.

Dentro del derecho podemos decir que la justicia es un fin y no un medio, lo que la norma busca y no es logrado nunca en su totalidad es la justicia.

El derecho en Honduras parte propiamente de los dos grandes teorías del mismo, durante todo el periodo de la colonia hasta principios del siglo XX todo el derecho indiano se basaba en el concepto aristotélico del derecho natural, instituido por la iglesia católica a los reinos de España y toda Europa; la iglesia católica que ejerció durante siglos su influencia en el dominio estatal vinculo la moral al derecho natural y este era primacía ante la ley.

A principios del siglo XX el iuspositivismo fue sustituyendo el derecho natural, postulando con la doctrina de Hans Kelsen que separa la moral con el derecho y define ¨El Derecho puede ser justo e injusto, aunque lo deseable sea lo primero.¨

Para hablar de la justicia en Honduras se debe entender la conceptualización de ella dentro de la cultura del hondureño así como su evolución histórica.

Las raíces de la colonización, como la cristianización de todo un continente son determinantes en los conceptos culturales de justicia, durante siglos se instituyo la justicia como el paralelo a la justicia divina, se ejercía el derecho a nombre de los reyes católicos que a su vez ostentaban el poder en nombre de Dios. Es así que durante todos los siglos de colonialismo, además del sin fin de regulaciones administrativas para los colonizadores y con el fin del saqueo de recursos de América, la ley de indias entre otras buscaban la evangelización del indígena; en otras palabras el adoctrinamiento.

Pasado las luchas independistas en América a diferencia de los Estados Unidos, América latina recibió una fuerte influencia en su sistema jurídico, tanto de las doctrinas republicanas de la revolución francesa y posteriormente del código napoleónico. Las guerras internas luego del anexo con México por la toma de poder y un breve auge de ideas liberales impulsadas por el unionista Francisco Morazán son el resultado en Honduras de una búsqueda de identidad jurídica como identidad de una nación naciente.

Fue hasta finales del siglo XIX que se dio el primer  gran intento que ha perdurado por instituir una estructura  jurídica de nación; con el Doctor Marco Aurelio Soto, impulsado por razones económicas (como principal socio de Rosario Mining Company) instituyo una serie de códigos como el minero, el código civil, leyes educativas entre otros. Sus predecesores dieron una continuidad a la modernización del estado, al mismo tiempo que se introducía el sistema capitalismo y se defenestraba el sistema feudal y fundamentalista religioso creado por la colonia española.

Seguido de la inestabilidad política de las primeras décadas del siglo XX en Honduras, influenciado por la depresión económica de la década de los veinte se instauro como en varias regiones de Europa y en casi toda América Latina una dictadura con prácticas fascistas. La dictadura de Carias fue fuertemente influenciada y apoyada por el gobierno Estadounidense quienes desde principio del siglo XX buscaban ejercer domino geopolítico y expandir sus empresas; es así que los principales patrocinadores del presidente Carias son las empresas Transnacionales Bananeras.

El sistema jurídico durante la dictadura de Carias se fue reformando en torno al sostenimiento del mismo régimen, instituyendo medidas represivas como la pena de muerte, el trabajo forzoso, entre otras.

Como todo sistema tiende al colapso y pasada la segunda guerra mundial, con la creación de la ONU, se impulsó una serie de reformas democráticas en América Latina. Particularmente el caso de Honduras la huelga de 1954, pasada la crisis guatemalteca de la revolución de octubre y un presidente reformista Juan José Arévalo a quien se le dio un golpe militar encabezado por Jacobo Arbenz, así como el famoso Bogotazo (golpe de estado en donde nació la guerrilla que aún perdura de las FARC en Colombia). Se instituyeron una serie de garantías individuales y sociales en pro de la clase obrera hondureña, esto con el fin de eliminar las influencias del partido comunista y evitar una convulsión con peores consecuencias.

Fue en vista del temor a peores repercusiones como el caso de la revolución cubana, que llega al poder de manera democrática el presidente Ramón Villeda Morales, quien impulso una fuerte reforma agraria, instituyo el código del trabajo, la ley de emisión del pensamiento, entre una serie de reformas sociales que pretendieron aminorar la pobreza, el acceso a la educación, salud, vivienda, etc. Cabe señalar que estas reformas fue un auge en todo el continente con los mismos fines, evitar el expansionismo de los grupos insurgentes por toda América, -altamente influenciados por el comunismo-. A la par de estas reformas el presidente Villeda Morales fortaleció las Fuerzas Armadas de Honduras. Quienes acto continúo le dieron golpe de estado un par de meses antes de su salida.

Dicho golpe de estado estaba encaminado a evitar un triunfo en las próximas elecciones del Abogado Modesto Rodas Alvarado, a partir de esa fecha la institución castrense comenzó a manejar los hilos conductores del país, fomentando algunas leyes sociales, dando continuidad a la  reforma agraria e institucionalizando el estado de bienestar social y la centralización del poder estatal y económico. Como toda dictadura el sistema jurídico se fue maleando al endurecimiento de las penas y la aplicación de medidas y leyes para el control estatal sobre el ciudadano.

A partir de 1980 se creó la ultima constitución vigente del país, se establecieron elecciones fortaleciendo jurídicamente el sistema bipartidista y la autonomía y poder de las Fuerzas Armadas de Honduras. El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y las guerras civiles en El Salvador y Guatemala recrudecieron la represión, se prestó el territorio hondureño a campamentos de la contra nicaragüense y seguidamente se cedió la soberanía para la instalación de una base militar norteamericana en Palmerola, Comayagua. La década de los ochenta se baso en el total irrespeto de las garantías individuales y comenzó a institucionalizar el sistema económico neoliberal, la pérdida de soberanía territorial y la violación a los derechos humanos se traduce en el debilitamiento de la identidad nacional y la confianza en el sistema jurídico de un país.

La caída de la cortina de hierro, los tratados de paz de esquipulas, y una serie de instituciones no gubernamentales promovidas por los órganos internacionales vienen a ejercer una fuerte influencia en el sistema jurídico nacional.

Tanto las amnistías políticas y la instalación del sistema económico neoliberal que busca la privatización, la creación masiva de instituciones no gubernamentales (ong, opd) se encaminan al debilitamiento del estado, en donde las empresas privadas asumen el rol de los servicios proporcionados por el estado; salud, educación, energía, agua, etc. Y los organismos no gubernamentales son los llamados a sustituir el papel de inversionista y protector social del ciudadano. Todas estas políticas fueron conduciendo el sistema jurídico hondureño a la municipalización y autonomía de las mismas y la desvinculación del estado en sus responsabilidades sociales.

No se necesita de encuestas estadísticas para saber que en la actualidad existe falta de credibilidad en la administración de justicia y el sistema jurídico a su vez se fundamentaliza y evade reformas que puedan eficientarse a sí mismo. Desde 1982 la constitución fue pre diseñada para un proyecto económico que facilita los mecanismos legales de la instalación de transnacionales, limita la participación y se fundamenta en un sistema netamente representativo.

Retomando los conceptos doctrinarios del derecho, es a mediados del siglo XX que empieza a imperar la filosofía de Kelsen; donde la primacía o autonomía -a consideraciones morales o ideologicas- de la ley suplanta el derecho natural y tanto las legislaciones como las políticas se radicalizan en esa corriente de pensamiento. Eso ha creado el fundamentalismo tanto en la aplicación de la justicia como en su propia creación.

Un hecho ineludible de mencionar es el golpe de estado en Honduras dado el 28 de junio del 2009, un claro ejemplo de la fundamentalización del pensamiento en la aplicación de la justicia, a la fecha a Honduras se le señala como un estado que violento los elementales derechos humanos y los hechores se encierran en la radicalización de la aplicación de la misma. En donde los organismos internacionales de Derechos Humanos exigen el esclarecimiento en asesinatos, violaciones, etc. y las respuestas publicas se enmarcan en la legalidad de un procedimiento que mágicamente carece de herramientas para impartir justicia, pero si funciona al momento de enjuiciar el otro lado político y que a la vez institucionaliza el golpe de estado en el marco de la supuesta legalidad.

Por otra  parte la aplicación de justicia no debe entenderse como la aplicación de la ley propiamente (sea la ley justa o no), retomando el concepto de Kelsen; si no que empieza desde la creación del marco jurídico para impartir la misma, y tampoco debemos suponer que la aplicación de justicia corresponde propiamente a los sistemas judiciales. Es –sin pretender caer en la repetición- desde la creación de la ley misma hasta la administración de las normas y el andamiaje administrativo del estado, el poder ejecutivo, las instituciones descentralizadas, las políticas públicas, y en última instancia las resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia al momento de resolver conflictos de intereses entre partes.

Esta misma doctrina ha arraigado en el imaginario colectivo que el derecho a la justicia es la aplicación de la norma por sus operadores, dando una visión global del derecho como mecanismo que resuelve conflictos y no una institución que regula relaciones, tanto entre particulares, estado y personas jurídicas; es ahí una de las razones por lo cual los tribunales de justicia pasan en total colapso y en una permanente mora judicial. Podemos ver como todo el sistema jurídico y político es una especia de espiral que actúa contra su mismo fin que es la justicia.

Para ubicarnos en el contexto de que es Honduras y como es visto tanto desde adentro como afuera, Honduras es el tercer país más pobre de América, el segundo o tercero con mayores índices de violencia del continente, uno con los peores índices de gini (índice que mide la desigualdad de ingresos), con los peores sistemas de salud y educación del continente, con los mayores endeudamientos internos y externos. En otras palabras es un país con un sistema jurídico ineficiente ya que no logra satisfacer las más básicas necesidades del individuo.

La radicalización del pensamiento va desde la empresa privada, la clase intelectual, los gremios políticos, las instituciones educativas, los medios de comunicación hasta el propio individuo que se ve envuelto por la cotidianidad de su entorno.

Pretendiendo ampliar un poco más la diversificación de la justicia en su q concepto y como la fundamentalización del sistema se lo impide; podemos analizar un tema, que en principio podríamos ver alejado de la justicia como es la cultura:

El derecho natural del ciudadano es la recreación y el acceso a espacios de expresión, es ahí donde nace por antonomasia la identidad cultural. Sin embargo existe toda una carencia de un sistema jurídico que promocione y facilite esta gama de derechos, mas aun hay una campaña publicitaria en donde la empresa privada pretende asumir el rol de identidad, dice un spot publicitario radial ¨… por qué piensas que somos un país pequeño, si somos los que vestimos al mundo, si somos los principales exportadores de tilapia…¨, asumiendo una identidad de nación que radica en sus medios de producción o lo que produce utilidad mercantil. Esto deja a un lado el simple derecho a la recreación sin que medie una utilidad comercial. Ahora cayendo en el tema de la justicia, existe una necesidad inherente tanto al individuo como a una nación a una cultura y a conceptos básicos que lo identifiquen así mismo con la tierra, eso crea la vinculación del ciudadano con su país. Pero si se pretende extraer el concepto de nacionalidad al uso exclusivo de la utilidad mercantil, se desarraiga el individuo de su raíz, ya que dicha actividad mercantil simplemente no le pertenece.

Esta misma desvinculación genera una serie de problemas mayores, como por ejemplo la facilidad con que un individuo mata al otro, al no tener una vinculación, se pierde el sentido de la similitud con el prójimo, si no existe elementos en común con tu vecino, es más fácil pegarle un tiro y matarlo; a esto sumado la ineficacia de los órganos de investigación criminal y la cuasi total impunidad que impera en Honduras, hace de la justicia una ficción ¨hollywoodense¨. Esta última idea fue expuesta por el editorialista del Heraldo Julio Escoto hace más de tres semanas.

La justicia pasa por la creación de nación, por la creación de instituciones y políticas públicas que satisfagan al individuo más allá de lo que tradicionalmente se supone. Para analizar las razones de este laberinto que aspira a proporcionar justicia, es obligatorio ver las relaciones de poder que imperan en los modos producción con el sistema político.

Adentrándonos en lo especifico, es al sistema judicial que le corresponde la administración de justicia, entendida como la justicia que se imparte cuando existe conflicto entre dos o más partes; pero el proceso parte desde instituciones autónomas como el ministerio público, órganos de investigación criminal, hasta la defensoría publica, jueces y magistrados. El primer error por ejemplo en la parte penal, es la responsabilidad de un órgano que por doctrina y por ley es preventivo como ser la policía preventiva, tener dentro de sus estructuras administrativas la institución responsable de la investigación criminal. Otro pilar fundamental que trastoca todo el sistema judicial es el procedimiento de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; dando la responsabilidad de su elección a una institución netamente política como es el Congreso Nacional. Esto a su vez repercute en la influencia que ejercen dichos magistrados en las selecciones de jueces y defensores públicos.

Recientemente en los medios de comunicación se mostro un documento en donde el responsable de recursos humanos de la corte suprema de justicia emitía un comunicado dando asueto con goce de salario a todo empleado de la Corte Suprema de Justicia que quisiera asistir a las marchas de los denominados Unión Cívica Democrática. Dando un total descredito a los despidos de jueces y magistrados que participaron de forma indirecta o directa en las marchas de la resistencia.

Creo insistir en el tema de la credibilidad del ciudadano en su sistema jurídico y sus órganos judiciales, pero es la piedra angular que sostiene la institucionalidad del mismo. Me parece que el ciudadano percibe un sistema que no ofrece justicia, sino más bien el atraso a resolver sus conflictos. Un dato interesante es como la empresa privada institucionaliza la falta de credibilidad en el sistema judicial; con la creación de tribunales de arbitrio en la que sus mayorías de los casos, los contratos contemplan una renuncia a los tribunales y el sometimiento a estos.

Todo el sistema jurídico, que es el llamado a proporcionar justicia me parece está totalmente colapsado, incapaz de poder establecer los mínimos requerimientos como estado a sus ciudadanos. El ejercicio de los derechos no solo la resolución de conflictos es el ejercicio del derecho a la justicia. Honduras es actualmente un estado fallido, con una necesidad de refundación urgente, y no por temor a consecuencias terribles, las consecuencias ya existen; desnutrición, analfabetismo, asesinatos, narcotráfico, epidemias, carencias de infraestructura, impunidad, etc.